TEXTO COMPLETO:
LA VERDADERA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
En estos últimos años, obligados por la crisis, nos hemos
acostumbrado a oír y comentar medidas de política económica. Los ciudadanos
hemos aprendido a utilizar con soltura términos que nos eran ajenos, como la
prima de riesgo, la deuda y el déficit público, términos que nos sirven de
medida de la situación económica. También hemos aprendido a distinguir entre
las distintas políticas económicas que supuestamente nos deben sacar de esta
interminable crisis. Así, leemos en el periódico que determinados economistas
abogan por la austeridad, mientras que otros, economistas también, reclaman
gastos públicos adicionales que incentiven el crecimiento de la economía.
Pero, independientemente de la crítica velada a la
ciencia económica y a sus profesionales (por cierto, la mitad de “Lógica
Mente”) nos olvidamos de lo más importante, de la base de todo país, y por
tanto, la base de su economía: el sistema educativo. Porque, por mucho que nos
esforcemos en aplicar políticas económicas adecuadas, si falla el motor del coche,
la educación, tendremos un volante perfecto, los frenos estarán a punto, pero
el coche nunca arrancará.
Como es obvio, el sistema educativo público y de calidad es
la base de la economía del conocimiento, sistema que, curiosamente, ningún
político discute como la economía del futuro y, sin embargo, ninguno de ellos pone
el acento en dicho sistema.
Está muy bien defender lo público. Está muy bien creer en
un sistema público de educación y defender su existencia como pilar básico de
un estado democrático. Nosotros, como le hemos dedicado a la docencia pública
ya más de media vida, la defendemos a muerte. Lo que chirría es ver detrás de
las pancartas en defensa de la educación pública a muchos de los que más
activamente han contribuido a cargársela. Y gritando, claro, consignas
demagógicas y de manual de corrección política. Pero no debemos desviar el
debate hacia lo accesorio cuando lo fundamental está hecho unos zorros. La
manera de defender lo público es, nada más y nada menos, que dotarle de calidad.
Obvio. Nadie va a querer pagar por algo que puede tener gratis, y de, al menos,
la misma calidad, ¿no? Y, desde luego, no dudamos de que los recortes en
educación puedan ocasionar una disminución de la calidad de nuestro servicio, y
de que hay muchas otras cosas en las que se podría recortar antes que en
educación. Pero nuevamente, el meollo fundamental de la cuestión es que la
calidad de la educación pública estaba ya bajo mínimos antes de los recortes y,
si no hacemos algo ya, lo seguirá estando después, si es que alguna vez acaban.
La defensa de la educación pública pasa irremediablemente
por una reforma a fondo que no gustará a muchos, pero que es vital si queremos
que nuestros niños y jóvenes sean mañana profesionales con una formación
verdaderamente competitiva. Y el futuro de todos, ellos y nosotros, va en eso.
En el caso de la Universidad pública, la reforma debe
implicar un cambio en el modelo de gestión. El actual modelo de autogestión de
la universidad pública, en nombre de una mal entendida autonomía universitaria,
está condenado al fracaso. Sin una gestión eficaz y profesional, no hay nada
que hacer. La universidad pública tiene que estar dotada de un sistema de
gestión que posibilite que cada cual se responsabilice de sus actos ante un superior.
Y además, la gestión debe ser profesional. Un catedrático con muchos sexenios
de investigación sabe, seguro, mucho sobre su área de conocimiento, pero no
tiene por qué saber nada de gestionar un centro o una universidad.
Responsabilización y profesionalización son vitales para asegurar una gestión
adecuada.
Un nuevo modelo de gestión debería garantizar la selección
del profesorado con criterios de calidad y, por supuesto, una evaluación real
de su actividad, y promoción en función de los méritos desarrollados. Con
nuestro sistema actual, Einstein lo tendría muy difícil, si no imposible, para
conseguir una cátedra en nuestras universidades y si, por un fallo del sistema,
lo consiguiera, sería recibido a buen seguro como un peligroso usurpador por
gran parte de sus nuevos compañeros.
Finalmente, es necesaria una selección adecuada del
alumnado, con evaluación real de sus conocimientos previos, y establecimiento
de criterios académicos (no económicos) serios de permanencia. El alumno usa
recursos públicos y está obligado a aprovecharlos. Actualmente nos autocomplacemos
con el nuevo mantra de lo de la “generación mejor formada de la historia”. Pero
lo que tenemos, que es distinto, es la generación con más títulos de la
historia. También podríamos enviar por correo y a portes pagados (para mayor
comodidad de los receptores) un título de ingeniería aeronáutica y otro de
filología hispánica a todos los españoles, pero no es eso. Debe interesarnos
también el nivel de formación real que tienen nuestros egresados. Y ése va
irremediablemente en declive, por haber adoptado un sistema que penaliza
claramente a los buenos alumnos por no traumatizar a los malos.
En general, a nuestro juicio, todo pasa por una mayor
exigencia para todos. Porque no nos olvidemos que sin un sistema educativo de
calidad, que permita el acceso de los mejores, tengan el poder adquisitivo que
tengan, pero exigente académicamente y que proporcione una formación de alta calidad,
la economía del conocimiento, por muchas leyes que aprobemos, nunca arrancará.
José Manuel Cabello González
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad
de Málaga
@checabello
Francisco Ruiz de la Rúa
Catedrático de Métodos Cuantitativos de la Universidad de
Málaga
@currorr
Esta vez sois muy blandos. Se os olvidó, por ejemplo, que la autonomía real es la económica (siendo la universidad pública muy deficitaria) y que los profesores obtienen normalmente sus plazas en concursos con candidato único.
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