jueves, 28 de febrero de 2013

La verdadera defensa de la Universidad Pública

Os dejamos el artículo que hoy nos ha publicado EL MUNDO ANDALUCÍA:


TEXTO COMPLETO:


LA VERDADERA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

En estos últimos años, obligados por la crisis, nos hemos acostumbrado a oír y comentar medidas de política económica. Los ciudadanos hemos aprendido a utilizar con soltura términos que nos eran ajenos, como la prima de riesgo, la deuda y el déficit público, términos que nos sirven de medida de la situación económica. También hemos aprendido a distinguir entre las distintas políticas económicas que supuestamente nos deben sacar de esta interminable crisis. Así, leemos en el periódico que determinados economistas abogan por la austeridad, mientras que otros, economistas también, reclaman gastos públicos adicionales que incentiven el crecimiento de la economía.
Pero, independientemente de la crítica velada a la ciencia económica y a sus profesionales (por cierto, la mitad de “Lógica Mente”) nos olvidamos de lo más importante, de la base de todo país, y por tanto, la base de su economía: el sistema educativo. Porque, por mucho que nos esforcemos en aplicar políticas económicas adecuadas, si falla el motor del coche, la educación, tendremos un volante perfecto, los frenos estarán a punto, pero el coche nunca arrancará.
Como es obvio, el sistema educativo público y de calidad es la base de la economía del conocimiento, sistema que, curiosamente, ningún político discute como la economía del futuro y, sin embargo, ninguno de ellos pone el acento en dicho sistema.
Está muy bien defender lo público. Está muy bien creer en un sistema público de educación y defender su existencia como pilar básico de un estado democrático. Nosotros, como le hemos dedicado a la docencia pública ya más de media vida, la defendemos a muerte. Lo que chirría es ver detrás de las pancartas en defensa de la educación pública a muchos de los que más activamente han contribuido a cargársela. Y gritando, claro, consignas demagógicas y de manual de corrección política. Pero no debemos desviar el debate hacia lo accesorio cuando lo fundamental está hecho unos zorros. La manera de defender lo público es, nada más y nada menos, que dotarle de calidad. Obvio. Nadie va a querer pagar por algo que puede tener gratis, y de, al menos, la misma calidad, ¿no? Y, desde luego, no dudamos de que los recortes en educación puedan ocasionar una disminución de la calidad de nuestro servicio, y de que hay muchas otras cosas en las que se podría recortar antes que en educación. Pero nuevamente, el meollo fundamental de la cuestión es que la calidad de la educación pública estaba ya bajo mínimos antes de los recortes y, si no hacemos algo ya, lo seguirá estando después, si es que alguna vez acaban.
La defensa de la educación pública pasa irremediablemente por una reforma a fondo que no gustará a muchos, pero que es vital si queremos que nuestros niños y jóvenes sean mañana profesionales con una formación verdaderamente competitiva. Y el futuro de todos, ellos y nosotros, va en eso.
En el caso de la Universidad pública, la reforma debe implicar un cambio en el modelo de gestión. El actual modelo de autogestión de la universidad pública, en nombre de una mal entendida autonomía universitaria, está condenado al fracaso. Sin una gestión eficaz y profesional, no hay nada que hacer. La universidad pública tiene que estar dotada de un sistema de gestión que posibilite que cada cual se responsabilice de sus actos ante un superior. Y además, la gestión debe ser profesional. Un catedrático con muchos sexenios de investigación sabe, seguro, mucho sobre su área de conocimiento, pero no tiene por qué saber nada de gestionar un centro o una universidad. Responsabilización y profesionalización son vitales para asegurar una gestión adecuada.
Un nuevo modelo de gestión debería garantizar la selección del profesorado con criterios de calidad y, por supuesto, una evaluación real de su actividad, y promoción en función de los méritos desarrollados. Con nuestro sistema actual, Einstein lo tendría muy difícil, si no imposible, para conseguir una cátedra en nuestras universidades y si, por un fallo del sistema, lo consiguiera, sería recibido a buen seguro como un peligroso usurpador por gran parte de sus nuevos compañeros.
Finalmente, es necesaria una selección adecuada del alumnado, con evaluación real de sus conocimientos previos, y establecimiento de criterios académicos (no económicos) serios de permanencia. El alumno usa recursos públicos y está obligado a aprovecharlos. Actualmente nos autocomplacemos con el nuevo mantra de lo de la “generación mejor formada de la historia”. Pero lo que tenemos, que es distinto, es la generación con más títulos de la historia. También podríamos enviar por correo y a portes pagados (para mayor comodidad de los receptores) un título de ingeniería aeronáutica y otro de filología hispánica a todos los españoles, pero no es eso. Debe interesarnos también el nivel de formación real que tienen nuestros egresados. Y ése va irremediablemente en declive, por haber adoptado un sistema que penaliza claramente a los buenos alumnos por no traumatizar a los malos.
En general, a nuestro juicio, todo pasa por una mayor exigencia para todos. Porque no nos olvidemos que sin un sistema educativo de calidad, que permita el acceso de los mejores, tengan el poder adquisitivo que tengan, pero exigente académicamente y que proporcione una formación de alta calidad, la economía del conocimiento, por muchas leyes que aprobemos, nunca arrancará.

José Manuel Cabello González
Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga
@checabello

Francisco Ruiz de la Rúa
Catedrático de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Málaga
@currorr