martes, 8 de marzo de 2011

El problema es la corrupción

Os propongo hoy un video, un ejercicio para cuando lo veáis y una conclusión.

1.- El vídeo dura 12 minutos escasos y vale la pena verlo entero, pero para aquellos que estais muy ocupados y no podeis dedicarle "tanto tiempo", os aconsejo que no os perdais los 4 minutos finales (desde el minuto 7:50). Lo he visto en el blog de Enrique Dans y como él dice, refleja perfectamente el problema de nuestra democracia. El vídeo se refiere a EEUU pero es perfectamente aplicable a nuestro país.
2.- El ejercicio que propongo es que cuando veáis el vídeo sustituyáis las palabras estado/país por universidad y la palabra políticos por nuestros queridos gestores  universitarios. Comprobareis como se ajusta perfectamente a nuestro gobierno universitario.
3.- La conclusión no puede ser otra que a la que llega el vídeo. No podemos conseguir que esto lo arreglen los políticos (gestores universitarios), es una guerra que debemos librar los ciudadanos (nosotros)

Aquí está el vídeo:

5 comentarios:

  1. ¿Cómo se puede resumir el gran problema de la humanidad en 12 minutos? Pues, si señor, lo ha hecho y bien clarito. Merece la pena oirlo varias veces.

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  2. Totalmente de acuerdo. No hay más que echarle un vistazo a la situación actual para darse cuenta que el 'gobierno', sea del color que sea y gobierne donde gobierne, no refleja ni responde a las necesidades del pueblo de a pie. Y lo más preocupante es que no se preocupa de hacerlo, es que parece que no tuviera ni consciencia de ello...

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  3. Relativo al asunto de la corrupción, aquí dejo un enlace a google maps que creo que es muy ilustrativo:

    http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=p&source=embed&msa=0&msid=208661973302683578218.00049ca0e3e7654bb763a&ll=37.160317,-4.21875&spn=27.894937,57.041016&z=4

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  4. Siempre he mantenido que el problema de la corrupción no era un problema de izquierdas o derechas sino de la condición humana, resumiendo, todos tenemos un precio, más alto, más bajo pero todos tenemos uno.
    El problema, desde mi punto de vista, es que las consecuencias previstas en las leyes para los casos de corrupción de los gestores públicos son nimias si las comparamos con las que las mismas leyes aplican al resto de los mortales y delinquir desde determinados puestos sale relativamente barato, penalmente hablando amén de que son pocos, si hay o hubo alguno, que restituya económicamente el daño.
    Son innumerables las sentencias que condenan exclusivamente (sin tener en cuenta la responsabilidad civil) a inhabilitación para cargo público, es decir, me lo llevo calentito que si me pillan únicamente me van a quitar del cargo, no me van a dejar ocupar otro durante un tiempo pero los bolsillos me dan para vivir durante dicho tiempo sin dar palo al agua. O mi partido me busca un carguito de “confianza” con un módico sueldo con cargo a las arcas de cualquier organismo público.
    Pues bien, o cambiamos esto inmediatamente o aparecerá el iluminado de turno, ganará las elecciones y, al cabo de los años, nos echaremos las manos a la cabeza (ejemplos hay a porrillos); y ese cambio legislativo no va a venir voluntariamente de los gestores públicos pues son ellos los posibles condenados con penas superiores sino de nosotros, de los ciudadanos de a pié, que somos los que pagamos y votamos y, no olvidemos, los principales perjudicados económicamente de los casos de corrupción.
    Pero además, si tenemos la tentación de presentarnos a la elección como gestor público, deberemos tener claro, muy clarito, que si nos echamos dinerito público al bolsillo y nos cogen, no lo vamos a disfrutar en la calle.
    Como hacerlo se lo dejo a mentes más brillantes, la mía no da para más.

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  5. Ejemplo de mi comentario de 12 de marzo

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado de un año a seis meses la condena impuesta por la Audiencia de Málaga a un hombre por un delito de cohecho, tras considerar probado un jurado popular que pagó a otro, ex encargado de control y vigilancia de zonas rurales de Cártama (Málaga) a cambio de la paralización de los expedientes iniciados por una construcción ilegal.

    Así, el alto Tribunal andaluz estima parcialmente el recurso presentado por este acusado, en el que se alegaba que no existió intención porque había pagado entendiendo que era una cantidad debida y su exigencia era legal, argumento que se rechaza por entender el TSJA que "pagó como medio para evitar las que habrían de ser las consecuencias legales de la infracción urbanística en que había incurrido".

    No obstante, sí tiene en cuenta que denunció los hechos y aunque no lo considera una excusa absolutoria, porque transcurrieron más de tres meses desde que se produjo el pago hasta que lo denunció, sí le aplica la atenuante de confesión, por lo que le rebaja la pena de un año a seis meses de prisión y la multa de 9.000 a 2.250 euros, según se precisa en la sentencia de apelación, a la que ha tenido acceso Europa Press.

    Por otro lado, el TSJA ha desestimado el recurso presentado por el principal acusado, el ex encargado de control y vigilancia de zonas rurales de Cártama, que fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de 15.000 euros por un delito continuado de cohecho por pedir dinero a vecinos para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos.

    En el recurso se alegaba que no era funcionario público, argumento que se rechaza, al asegurarse en la resolución que "está claro que fue nombrado para participar en el ejercicio de funciones públicas que comportaban ejercicio de potestades municipales, por lo que se dan elementos que permiten calificarlo como funcionario a efectos penales".

    Además, se añade que todas las conductas están "relacionadas con el servicio público al que estaba adscrito" y en algunos casos "sí existía un cierto poder de intervención del acusado", por lo que se concluye que "no puede descartarse que al menos algunos de los ofrecimientos efectuados por el acusado a cambio de dinero lo fueran con intención seria de conseguirlos".

    Sobre la política de disciplina urbanística seguida en el Ayuntamiento de Cártama, el TSJA señala que las afirmaciones que se realizan "no pueden considerarse probadas, ni, aunque lo estuvieran, resultarían incompatibles con el reproche que se dirige al acusado por su conducta propia, consistente en la petición de dinero para sí mismo y no desde luego como sanción pública municipal".

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